Congreso de los Pueblos de Morelos propone construir poder popular.

COATETELCO, Mor. (proceso.com.mx).- El Congreso de los Pueblos de Morelos sesionó en esta comunidad del municipio de Miacatlán, en el surponiente de Morelos, con la participación de representantes comunitarios de más de la mitad de los municipios de Morelos. Entre los acuerdos finales, decidieron avanzar en la constitución de una fuerza política que construya poder popular y una nueva cultura política.

Además, decidieron por unanimidad sumarse a la manifestación del 1º de mayo, en solidaridad con los trabajadores en general, y los maestros, en particular; además, acordaron continuar estrechando los lazos de solidaridad y trabajo “comprometido” con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En presencia del rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, los representantes comunitarios decidieron, en principio, discutir la propuesta universitaria de sumarse a las organizaciones de la sociedad civil de Morelos, e impulsar la Ley de Participación Ciudadana, “como una oportunidad de arrancarle a la partidocracia el poder de decisión”, habría dicho el rector. Los pueblos, algunos de ellos, no se sienten identificados con esta ley, pero están dispuestos a revisarla y proponer reformas para incluir usos y costumbres, por ejemplo.

En la Secundaria Técnica Cuauhtlitzin, los representantes refrendaron su rechazo al Proyecto Integral Morelos, mismo que plantea la construcción de dos termoeléctricas de ciclo combinado, una de las cuales ya está lista para trabajar, pero está detenida; un gasoducto desde Tlaxcala, pasando por Puebla; además de un acueducto para “jalar” agua desde el municipio de Ayala, para completar el ciclo de las plantas que usan gas, en principio.

En su oportunidad, el rector Vera Jiménez advirtió que “la democracia en México está secuestrada por los partidos políticos, por la partidocracia, por ello, el único contrapeso potencial al poder, somos los ciudadanos y los pueblos, de ahí que tenemos que realizar una intensa tarea de articulación, de superación de lo que nos fragmenta, de organización y de movilización”.

Dijo que hoy en día “no basta con el voto de castigo”, pues aunque hubo alternancia y nada cambió, al contrario, las cosas se pusieron peor, “el tsunami de la inseguridad, impunidad, corrupción y violencia no sólo se ha intensificado con el secuestro de la democracia por parte de los partidos políticos, sino que hay claros indicios de una renuncia a contenerlo”.

Por ello, propuso a los pueblos “intensificar la lucha por arrebatarle a la partidocracia, aquí en Morelos, la ley de participación ciudadana y la constitución del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, con la participación exclusiva de ciudadanos electos por ciudadanos y de representantes electos por los pueblos de acuerdo a sus usos y costumbres. Un instrumento que los obligue en cuestiones clave a consultar de manera directa a los ciudadanos y a los pueblos”.

Además, propuso a la Comunidad Universitaria y a los pueblos en lucha, acompañar e impulsar las luchas de los jóvenes, por ejemplo, “la que deja el déficit de espacios para la educación superior”. Hizo hincapié en el asunto de los jóvenes que son rechazados de la educación universitaria, “no por falta de voluntad de la universidad, sino por falta de recursos para atenderlos”.

“Soy de la idea de que hoy, es la propia Universidad la que debe acompañar el legítimo reclamo de esos jóvenes por tener un espacio en la Universidad y hacer valer así su derecho a la educación superior pública, gratuita”. Lo que se traduce en la necesidad de exigir junto con ellos, los recursos necesarios para que se abran más espacios para que no haya “rechazados”, para que todos los jóvenes que aspiran a estudiar la universidad, puedan hacerlo, exhortó. Los representantes, acordaron iniciar una discusión que permita hacer modificaciones a la propuesta de ley, que permita que las comunidades y pueblos se sientan incluidos.

El 28 de agosto de 2014, nació la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, como parte de un diálogo que distintos representantes de comunidades y pueblos en resistencia, con la propia comunidad universitaria. Hace un año, el 22 de abril de 2015, se realizó en la UAEM la primera sesión del Congreso de Pueblos de Morelos. Ahí se acordó lanzar un plan de articulación de las distintas resistencias en la entidad.

El 10 de octubre pasado, el Congreso sesionó por segunda vez, en la comunidad de Huexca, en Yecapixtla, comunidad donde se impuso el proyecto de las dos termoeléctricas. Ahí se intentó elaborar un plan de acción contra el Proyecto Integral Morelos. Este domingo se llevó a cabo la tercera sesión, en Coatetelco, en donde se ha acordado avanzar en la constitución de una fuerza política, a través de asambleas populares, con la intención de “construir desde abajo, el poder popular”.

Artículo escrito por Jaime Luis Brito y publicado originalmente por Proceso en:

http://www.proceso.com.mx/438376/congreso-los-pueblos-morelos-plantea-construir-poder-popular

La defensa de los pueblos del Popocatépetl ante el despojo del Proyecto Integral Morelos

huexca

La defensa de los pueblos del Popocatépetl ante el despojo del Proyecto Integral Morelos

Juan Carlos Flores Solís* Samantha César Vargas**

 En México estamos viviendo la expresión del despojo continuo del capital a través del modelo extractivista, entendido como:

[…] aquel patrón de acumulación basado en la sobre-explotación de recursos naturales, en gran parte, no renovables, así como en la expansión de           las fronteras hacia territorios antes considerados como “improductivos” […] se trata de una categoría específica, sobre formas depredadoras y  contaminantes de un modelo de desarrollo y de sus procedimientos de despojamiento y desposesión recurrentes en la administración de la crisis del    capitalismo (Prada Alcoreza, 2012: 14- 15).

En efecto, es una estrategia que obedece a la lógica del poder del capital y de los Estados que se orienta hacia el control geográfico de los recursos naturales. Hoy, la invasión multinacional de capitales extranjeros sobre los países, a partir de procesos que intensifican la extracción y la exportación de recursos naturales y energéticos, se convierte en una guerra silenciosa o declarada contra los pueblos. La capacidad de cohesión comunitaria, la apropiación de herramientas para la defensa de los territorios, la articulación con otros procesos de lucha y, principalmente, el nivel de organización alcanzado por cada pueblo afectado serán determinantes para enfrentar la ofensiva del poder.

Si bien los procesos de conquista de los países de América Latina se han dado de manera permanente, han cobrado diversas formas durante los últimos cinco siglos. En este sentido, los gobiernos se han convertido en administradores de los conflictos y en promotores de un discurso político-jurídico- social-económico que legitima su poder de decisión sobre la nación. Así, se han transformado en facilitadores de la acumulación, a través de la implementación de políticas extractivistas, que posibilitan la explotación de las riquezas naturales de los territorios en beneficio de capitales extranjeros. Estos últimos utilizan innovaciones tecnológicas que hacen más violentos y abarcativos los impactos sobre la naturaleza y los pueblos que habitan los territorios amenazados. De manera que, aunque la estrategia de dominación se modifica, los pueblos siguen viviendo la misma historia de despojo: pérdida del control del territorio, injusticia y violación a los derechos humanos por parte del Estado y de los grandes capitales extranjeros.

Haciendas de la muerte

En México, la historia de lucha de los pueblos ha sido un constante ir y venir en torno a la posesión y al uso del territorio. La historia de nuestro país no ha sido una historia lineal, en la que los pueblos siempre han estado sometidos al explotador pues, de ser así, el mundo ya habría perecido. Más bien se trata de una historia en espiral, en la cual se han alternado momentos de supervivencia social con gritos por justicia y libertad.

El territorio que todavía poseemos, fue recuperado por la Revolución Mexicana. Previamente a ella, existió una paciencia enorme y cientos de esfuerzos campesinos para lograr ser escuchados por las autoridades. Cuando aquella se produjo, las haciendas acaparaban la tierra y el agua de los campesinos, quienes vivían situaciones de profundo despojo. Después de su triunfo parcial, la tierra se recuperó-repartió, siendo declarada como un bien social imprescriptible, inembaucable e inalienable: el ejido.

Aunque durante el proceso revolucionario el campesino nunca tuvo “el poder”,[1] posteriormente su lucha reconfiguró el territorio nacional hasta el día de hoy: 51% del territorio nacional corresponde a los ejidos, se encuentran grandes reservas de agua y minerales.

Actualmente, en todo el país, la tierra y los recursos naturales están siendo nuevamente invadidos por un poder acaparador como el de los hacendados.[2] La diferencia entre el despojo contemporáneo y el de principios del siglo pasado, es que el primero rompe el ciclo natural de la tierra, explotándola hasta literalmente matar la vida, a partir de la aplicación de procesos mucho más intensivos de explotación de la naturaleza y del trabajo vivo. Ello ha conducido a una crisis ambiental sin precedentes. De manera que, la diferencia respecto a cómo se presentaba el problema de la tierra a inicios del siglo xx y cómo se manifiesta actualmente es que, de seguir avanzando la invasión y el acaparamiento, no habrá oportunidad de recuperar lo perdido, ni de mantener siquiera lo que hasta ahora se ha mantenido. Esta situación es la expresión de una crisis civilizatoria que pone en peligro la continuación de la vida misma; si persiste en esta lógica intensiva de explotación de la naturaleza, de consumo y de producción de mercancías, no sólo el medio ambiente corre peligro sino también la humanidad en su conjunto.

Y es que los megaproyectos responden a un modelo extractivista que se desarrolla a partir de la sobreexplotación y el uso intensivo de los recursos, la reconfiguración de los territorios y la violencia contra las comunidades. Como parte de esta dinámica de invasión, el gobierno mexicano alineado con el discurso de desarrollo económico neoliberal, anuncia y negocia grandes proyectos de inversión privada a partir de la emisión de licitaciones, otorgamiento de concesiones, créditos y permisos en torno al uso del territorio y de recursos que no les pertenecen.

El último paso para lograr la concreción de los megaproyectos tiene que ver con las estrategias implementadas por los gobiernos y los capitales para intimidar o amenazar con posibles expropiaciones, ofrecer recursos económicos, cooptar autoridades locales y otras acciones con las que se pretende imponer, chantajear o intimidar a los campesinos y a los indígenas para que vendan o renten sus tierras para la implementación de proyectos extractivistas.

La lejanía de la justicia y el derecho moderno

En su mayor parte, los pueblos son respetuosos y conscientes del derecho que subyace en la raíz del concepto de justicia de Ulpiano: “Dar a cada quien lo suyo, reconocer a cada uno su derecho” (Bernal, Moreno, 2005: 156). En este sentido, para los pueblos el derecho y la cultura van de la mano, expresándose en el derecho consuetudinario. Sin embargo, el Estado moderno y sus centenares de normas han generado un abismo entre el derecho y el sujeto. Al respecto, el Estado, conjuntamente con la opinión pública nacional e internacional, así como sus organismos de justicia y derechos humanos, señalan que los conflictos vinculados a intereses socioambientales deben resolverse de manera pacífica y legal, siendo éste uno de los principales argumentos esgrimidos por el gobierno y los inversionistas al momento de atentar contra los derechos de los pueblos.

Por otra parte, entre las cuestiones que comúnmente determinan el surgimiento de conflictos y el choque de intereses entre los pueblos y los megaproyectos se encuentra el denominado interés social y/o interés público, que es definido por los gobernantes o funcionarios públicos sin que exista consenso alguno con la sociedad y los pueblos. Por lo que, cuestionar legalmente un megaproyecto (gasoducto, hidroeléctrica, mina, autopista, etcétera) significa cuestionar la visión de desarrollo y la relación de subordinación de los organismos gubernamentales al poder económico, así como el lenguaje técnico, que de por sí es de difícil acceso y comprensión para las comunidades.

Así, las comunidades afectadas por megaproyectos desarrollan acciones que van conformando estrategias en las que se combinan las dimensiones política, mediática, jurídica, social y de articulación. En este sentido, la estrategia legal constituye una parte importante de la estrategia general llevada adelante por las comunidades, en pos de acompañar y complementar las otras dimensiones de la lucha. Al respecto, debemos señalar que la búsqueda de abogados que defiendan jurídicamente la causa de las comunidades se vuelve en ocasiones un largo camino, en el que muchas veces el éxito es limitado. Hay pocos abogados solidarios, honrados, comprometidos que, al mismo tiempo, sean especialistas en las diversas ramas requeridas para defender jurídicamente a los pueblos frente a los megaproyectos. En muchas ocasiones, ello ha provocado que las estrategias destinadas a la defensa del territorio de los pueblos carezcan de la dimensión legal.

En lo referente a los recursos legales para la defensa del territorio, el derecho a la consulta es un instrumento fundamental con el que cuentan los pueblos indígenas para poder detener este tipo de proyectos. Reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) y otros organismos internacionales, así como por la Constitución mexicana en sus artículos 1 y 2.[3] Sin embargo, en los hechos, no se ha creado la reglamentación necesaria para hacerlo efectivo. A pesar de ello, existen algunas experiencias, como la del pueblo yaqui, en las que se ha generado una propuesta de consulta acorde a los lineamientos del Convenio 169.[4] De cualquier manera, la creación de esta Ley y su reglamento continúa siendo una tarea pendiente que el Estado mexicano sigue aplazando. Su construcción debe hacerse junto con la sociedad civil y los pueblos, a fin de no aprobar una ley arbitraria y no consensuada como muchas de las que se han decretado en la actualidad. Asimismo, ésta sería una forma de dar salida a la presión social y al llamado que la onu hizo al Estado mexicano en esta materia en 2013. Al tiempo que la consulta a los pueblos constituye una obligación del Estado, para los pueblos y comunidades que pelean contra algún megaproyecto representa una herramienta fundamental de justiciabilidad. Lamentablemente, ha sido utilizado como un instrumento de legitimidad e imposición del Estado sobre los pueblos.

Es importante decir que la aplicación de la justicia constituye un grave problema en nuestro país. En el caso de los pueblos que defienden su territorio, una vez que han enfrentado un conjunto de complicaciones para encontrar acompañamiento legal y han transitado por el largo camino de los procesos legales, se topan con el problema de la aplicación de la justicia.

Al respecto, cabe recordar que existen casos, como el de la mina de San Javier en San Luis Potosí, o el de la presa en Temacapulín, Jalisco o el del acueducto en Sonora, en territorio yaqui, en los que al acudir a la Suprema Corte de Justicia (máximo órgano mexicano de justicia en México) los pueblos han ganado los procesos legales. Sin embargo, la aplicación de los fallos nunca se ha llevado a cabo.

Y es que, en México, se vive la impunidad en su máxima expresión y el derecho al acceso a la justicia es ignorado por el Estado mexicano. De modo que se ha comprobado que las acciones legales no son suficientes para asegurar el éxito de los procesos de resistencia; por lo que se necesita integrar las diferentes dimensiones en una múltiple estrategia de lucha y, por supuesto, la fortaleza organizativa de los movimientos para presionar política y socialmente con el objetivo de detener los proyectos de despojo.

Un elemento jurídico clave en la ejecución de los megaproyectos es el ya mencionado concepto de interés público, a partir del cual se justifica la necesidad de impulsarlos en todo el territorio nacional. En tanto este concepto no ha sido definido, estipulado ni reglamentado, es objeto de un uso discrecional en la ley. El interés público se puede entender como “el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado” (Diccionario Jurídico Mexicano, 1996: 1799). Así, el interés público debe estar basado en la soberanía del pueblo (Artículo 39 constitucional) y en el desarrollo del proceso democrático

(Artículo 29 constitucional). Sin embargo, en los hechos, el interés público es usado por el Estado como el argumento clave para justificar un tipo de desarrollo economicista y legitimar la necesidad de estos proyectos y las inclinaciones de las reformas estructurales tendiendo a priorizar los intereses privados y corporativos de los grupos políticos y económicos vinculados a los gobiernos de turno, excluyendo los principios de soberanía y democracia. En este sentido, en lugar de hacer partícipe a la sociedad, se trata de un término jurídico que en los hechos la excluye.

En el caso del ejido, el concepto de interés púbico cobra un significado importante. Gracias a la revolución campesina de 1910, en el Artículo 27 de la Carta Magna se estipuló que el ejido debía ser administrado por sus legítimos dueños de manera colectiva participativa. Así, el ejido es de interés social y público porque la producción agrícola es indispensable para la soberanía y para el desarrollo del país y sus habitantes. Es de interés social porque la tierra y sus recursos no son mercancías. Por el contrario, representan un bien común que debe ser debidamente trabajado y cuidado para las generaciones que vendrán. La tierra no es propiedad de un solo campesino, sino que pertenece a su ascendencia y descendencia, es decir, es un bien heredado. La expresión indígena de este concepto jurídico señala: la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Es precisamente esta expresión, este principio, el que está en peligro con la implementación de las recientes reformas rurales y energéticas, pues con el pretexto de dar al campesino su tierra, en realidad se crean las condiciones para despojarlo de su territorio histórico y tradicional.

La lógica extractivista en la reforma energética y rural en México

En México, la reciente aprobación de la reforma energética responde al modelo extractivista. Las modificaciones impulsadas por la misma implican el avance de un proceso mucho más agudo e intensivo en la explotación de hidrocarburos y generación de energía por parte de privados para su exportación. Sin dudas, ello provocará procesos de despojo y desposesión de tierras donde se encuentren este tipo de recursos.

Con la implementación de un proceso de fast track,[5] el sector energético dejó de ser considerado como un sector estratégico para el país. Las reformas de los Artículos 25, 27 y 28[6] constitucionales significaron la apertura a la explotación de hidrocarburos (petróleo y gas) y electricidad por parte de empresas trasnacionales. La reforma energética fue aprobada el 12 de diciembre de 2013 y, posteriormente, sus leyes secundarias durante el mes de julio de 2014. Los principales promotores de esta reforma fueron la bancada del Partido Revolucionario Institucional (pri), representado por Enrique Peña Nieto; y la bancada de los partidos de Acción Nacional (pan) y Verde Ecologista Mexicano (pvem).[7] Como parte de los cambios fundamentales establecidos por esta reforma, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (cfe) dejan de ser organismos independientes pasando a depender del Ejecutivo federal. En los hechos, ello implica prescindir de la injerencia del Congreso en la regulación y vigilancia de los procesos energéticos, ya que a partir de ahora sólo el Poder Ejecutivo central tendrá estas facultades. Esta reforma profundiza el modelo de desarrollo extractivista impuesto en nuestro país durante los últimos veinticinco años, vinculado de manera inextricable al modelo de desarrollo económico neoliberal. Dichas reformas y políticas extractivistas son parte de los elementos que han conducido a la crisis civilizatoria actual en sus diferentes dimensiones (energética, alimentaria y ambiental).

Las leyes secundarias de la reforma energética estipulan la modalidad de “ocupación temporal y de servidumbre legal”, a partir de la cual se busca legitimar el proceso de despojo a las comunidades y pueblos, mediante el ofrecimiento a los propietarios del pago de 2% a 5% de ingresos y utilidades (dependiendo del tipo de proyecto). Al respecto, se deja un margen de negociación de nueve meses entre los contratistas y los pueblos para llegar a un acuerdo. Si no se llega a este fin, los pueblos pierden sus tierras, ya que las actividades energéticas, de hidrocarburos y petroleras, son consideradas de interés social prioritario para la nación.

Además de despojar de las tierras a los pueblos, esta modalidad permite a las empresas evadir los costos reales generados por las externalidades provocadas por este tipo de proyectos.[8] Durante los treinta años en que está programada la vida útil de estos proyectos, los impactos ambientales, sociales y económicos, en otras palabras, los procesos de ecocidio y etnocidio, serán permanentemente asumidos por las comunidades. Llegado el momento, las empresas, en su mayoría internacionales, se retirarán con enormes ganancias, mientras que los pueblos enfrentarán los daños provocados al medio ambiente y la destrucción de la vida campesina.

Es que en estas reformas predomina el interés por la generación de energía eléctrica y a la explotación de hidrocarburos, a costa de la soberanía alimentaria y de la preservación de las culturas de los pueblos y la biodiversidad de los ecosistemas. En otras palabras, es más importante tener un refrigerador y un horno de microondas que la comida que puedan guardar. Hay que resaltar que, de acuerdo a lo planteado en el Programa de Obras de Infraestructura del Sistema Energético 2012-2026 (poise), en México existe un superávit de generación de energía eléctrica que excede en más de 40% las necesidades. Por lo que, aun cuando existe un exceso de producción de energía eléctrica, considerando que la infraestructura del Estado ya existente no es utilizada al 100%, se continúan impulsando nuevos proyectos para generar electricidad, produciendo mucho más de lo necesario. Los diversos beneficios generados por esta sobreproducción energética son aprovechados por las empresas trasnacionales y los funcionarios que respaldan estos proyectos. De manera que, por un lado, se exportan electricidad e hidrocarburos para satisfacer las necesidades de otros países y, por el otro, se acumula energía para posibilitar los procesos de industrialización y de extracción minera que se están impulsando en el país.

Cuando al conocer las consecuencias de estos proyectos las comunidades se oponen a esta lógica extractivista, se convierten en enemigas del “progreso”. Ello determina que se busque desactivar la disidencia empleando medios como la desinformación de la comunidad, la cooptación de sus miembros, el hostigamiento y las amenazas por parte de diversas dependencias gubernamentales, además de la penalización de la protesta y la violencia ejercida por la fuerza pública. En conjunto, todos estos factores llevan a la destrucción del tejido social de las comunidades.

Ante el descontento social generado por la reforma energética, las autoridades y los partidos políticos optaron por cercar el Congreso de la Unión con miles de granaderos, a fin de modificar la legislación para la entrega de los recursos energéticos del país al capital privado. Partidos políticos como el Partido de la Revolución Democrática (prd) aseveran en comerciales televisivos que la “reforma energética no es un hecho”, promoviendo la realización de una consulta popular. Sin embargo, en un país en que la justicia y la democracia están en agonía terminal, es complicado pensar que esta herramienta legislativa será capaz de responder a los intereses del pueblo.

La política energética mexicana en materia de producción de electricidad. El caso de las termoeléctricas

En México, la generación de electricidad mediante termoeléctricas data desde 1994, las cuales en su mayoría han sido desarrolladas con tecnología de la primera generación, es decir, a partir del uso de carbón y agua. Actualmente, la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 (ene) prioriza la generación de energía con termoeléctricas de ciclo combinado con tecnología de segunda generación mediante el uso de gas natural y agua. Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las termoeléctricas consumen 5% del agua de todo el país (Semarnat, 2008), lo que representa un alto nivel de consumo destinado solamente a su funcionamiento. Por esta razón, las termoeléctricas se ubican en lugares donde existe gran cantidad de agua, agudizando la situación de crisis hídrica vivida en el país y vulnerando de manera directa el derecho humano al agua, dado que se le asigna menor importancia que la consignada a la generación de electricidad.

Por otra parte, el uso creciente de gas natural (un recurso no renovable), implica la explotación y el mayor desarrollo de infraestructura involucrada en la construcción de gasoductos de cientos de kilómetros a lo largo de todo el país, los cuales -de continuar esta tendencia- aumentarán en los próximos años. De acuerdo a la ley secundaria de la reforma energética correspondiente a este tema, se creará un organismo ajeno a la cfe, llamado Centro Nacional de Control de Gas Natural, que será responsable del sistema nacional de ductos, incluyendo su circulación y su almacenamiento.

Según la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 (sener, 2011: 33), la energía producida por estas centrales, al igual que la energía eólica y solar, se considera limpia. Sin embargo, esta definición omite hablar de las externalidades producidas. En el discurso que promueve la generación de “energías limpias” y el pago por las externalidades, subyace el discurso hegemónico del sistema-mundo capitalista de la economía verde, en el que se plantea alcanzar la eficiencia energética, imponiendo lineamientos supuestamente sustentables para el medio ambiente.

No obstante, las termoeléctricas generan externalidades que se expresan en la contaminación del agua, el aire y los suelos, en la afectación grave a la agricultura y los ecosistemas cercanos, en riesgos de perder la vida debido a explosiones de los gasoductos y en enfermedades respiratorias sufridas por las poblaciones cercanas a estas centrales.

La reforma energética abre la puerta a la intervención de capitales privados extranjeros y nacionales a partir de modalidades de contratos (ya sea por utilidad compartida, por producción compartida, por licencia o por una combinación de éstas), legalizando un proceso que ya se daba de facto durante los últimos años, en algunos casos por licitaciones para proyectos de producción de energía, así como para la construcción y mantenimiento de las termoeléctricas y los gasoductos.

Asimismo, esta reforma faculta a que las empresas puedan realizar los análisis de impacto social y riesgo de los proyectos energéticos y de exploración de hidrocarburos, de manera que el Estado omite y evade su obligación de supervisar y controlar los informes para proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos de las poblaciones. Específicamente, en materia de producción de electricidad, los más beneficiados son los capitales extranjeros españoles, como es el caso de Abengoa, ohl, Iberdrola, Elecnor y Enagás, que encabezan la lista de concesiones otorgadas a proyectos de este tipo.[9]

En este contexto, una de las principales iniciativas de instalación de termoeléctricas en el país, es el Proyecto Integral Morelos (pim). Ésta implica la construcción de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado de 624 MW en Huexca, estado de Morelos; de un acueducto de 15 kilómetros de longitud en el municipio de Ayala, Morelos, el cual consumirá 50 millones de litros de agua al día; y de un gasoducto de 160 kilómetros de longitud que atravesará sesenta pueblos que rodean al volcán Popocatépetl en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. La localización geográfica de este proyecto se encuentra dentro del mapa de riesgo volcánico realizado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), lo que en suma podría impactar a un total de 82 pueblos de los tres estados.

Para el gobierno y las empresas, este proyecto es estratégico en tanto propiciará la construcción de la infraestructura necesaria para el establecimiento de gasoductos para la red nacional, conectando el norte con el sur y permitiendo la exportación de gas hacia el norte. Además, generará la energía eléctrica necesaria para impulsar procesos de industrialización, proyectos habitacionales y de minería en el centro del país.

Cabe destacar que este proyecto comenzó a gestionarse desde 1998. Previamente, se había tratado de implementar en dos ocasiones sin éxito; primero, con una empresa francesa y, después, con una compañía estadounidense. Trece años más tarde es retomado por la cfe, y es concesionado a empresas españolas e italianas. Ello da cuenta de que, cuando al capital se le mete un proyecto entre “ceja y ceja” no lo suelta, porque involucra una riqueza estratégica  para su lógica de acumulación.

Guerra en todas partes, resistencias aisladas. La defensa de los pueblos del Popocatépetl ante el despojo impuesto por el pim

A inicios del siglo xx, en México surgieron diversas resistencias desde diferentes sectores sociales. En el terreno campesino-indígena se libraban diversas batallas por la defensa del territorio y la vida. Y es que cuando los pueblos desconocen las consecuencias de los megaproyectos están enfrentando una guerra silenciosa, mientras que la guerra declarada se produce cuando el pueblo es consciente de las consecuencias del proyecto y se opone al mismo de manera organizada.

Normalmente, las resistencias sociales surgen como movimientos espontáneos, sin una estructura y sin el conocimiento necesario y previo para enfrentar la presión del gobierno y las empresas trasnacionales, que cuentan con el respaldo de millones de dólares y tiempo suficiente para desgastar las luchas. Es así que los pueblos se enfrentan a una estructura coordinada, que cuenta con recursos económicos ilimitados y con personal dedicado, que recibe un salario y una capacitación especial para convencer a las comunidades o hacerlas caer en diversas trampas (como su división) con el fin de implementar el megaproyecto.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (fpdta-mpt), se conformó para resistir al Proyecto Integral Morelos (pim), generando un conflicto en el que están en pugna diversos actores, intereses y visiones de desarrollo. Entre los actores principales de la lucha contra el pim se encuentran los comités de lucha que son nombrados por las asambleas de sus comunidades y surgen como respuesta a la falta de información previa y veraz, a la no consulta y a la falta de respeto a las decisiones de los pueblos. Actualmente, existen treinta aglutinados, principalmente, en torno al fpdta-mpt. Éstos se caracterizan por ser diversos en su composición, su funcionamiento y sus formas de articularse. Tanto el número de integrantes que participan en ellos, como su relación y su participación en la asamblea son variables de acuerdo al momento que se vive en el proceso general. No obstante, la violencia ejercida por el gobierno ha generado un proceso de fortalecimiento de esta estructura y base social.

Por otro lado, entre los actores que promueven este proyecto se encuentran el gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad (cfe) en el ámbito nacional; los gobernadores Rafael Moreno Valle en Puebla, Graco Ramírez Abreu en Morelos, y Mariano González Zarur en Tlaxcala, en el plano estatal; los gobiernos municipales, que incluyen toda la gama de colores partidistas, los grupos de choque existentes en diversas comunidades (los cuales, impulsados por los gobiernos locales y estatales, promueven la violencia en la vida cotidiana de las comunidades) a nivel local. Como mención especial, se destaca la intervención de las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enagás (además de la empresa italiana Bonatti que ha sido subcontratada).

El embate para imponer el PIM, llevado a cabo por el gobierno federal a través de la cfe y los gobiernos estatales, se dio de manera simultánea en los tres estados afectados por el proyecto, generando diversos conflictos en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de Tlaxcala el avance del trazo del gasoducto agudizó el enfrentamiento cuando la cfe taló árboles de 200 años de antigüedad, provocando la indignación y la organización de los comités. En Puebla, los pueblos exigían la presencia de la cfe en sus asambleas para que explicara el proyecto durante el momento en que los gobiernos municipales aún no firmaban los permisos. En Morelos, se detuvieron las obras de la termoeléctrica en Huexca debido a la falta de información y de consulta a la comunidad. En mayo de 2012, estas acciones simultáneas llevaron a la conformación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala (fpdta-mpt) para resistir al pim.

Desde la constitución del fpdta-mpt, se han desarrollado acciones de exigibilidad y justiciabilidad, que pueden clasificarse en acciones legales, de visibilidad, de articulación, políticas y de desobediencia civil no violenta. Desde el punto de vista legal, se inició un proceso largo de búsqueda de abogados solidarios y de articulación con otras organizaciones. En este sentido, se implementaron diversos procesos legales en la línea administrativa y de defensa de los derechos humanos, que si bien no han logrado detener el pim en su conjunto, sí han logrado pequeños avances. Por ejemplo, en el ejido de Anenecuilco y en el pueblo de Nealtican se contrataron abogados particulares que, con amparos, lograron detener la construcción del acueducto y el gasoducto en esas localidades.

En la línea de derechos humanos, se ha enviado información acerca del caso a diversos relatores especiales de la onu. Asimismo, se han realizado reuniones con observadores del representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la onu en México. Cabe subrayar especialmente la interlocución con el relator especial sobre tortura y actos inhumanos de la onu, debido a la situación específica de tortura sufrida por uno de los integrantes del fpdta-mpt. El caso también fue denunciado en el Tribunal Permanente de los Pueblos (tpp)[10] llevado a cabo en Morelos. Además, se han elevado diversas quejas y se han realizado acciones urgentes ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del estado Morelos y la Comisión de Derechos Humanos del estado Puebla, así como ante organismos, redes internacionales y nacionales orientadas a promover la defensa de los derechos humanos.

En la línea de visibilidad se han desarrollado varias acciones informativas, de denuncia y sensibilización. En lo que respecta a la línea informativa se generaron materiales como el “abc de la termoeléctrica y el gasoducto”, un folleto en el que se explica en qué consiste el megaproyecto, además de elaborar volantes y mantas explicativos del PIM[11] y múltiples carteles, láminas y videos informativos. El objetivo ha sido difundir información real sobre el impacto de este proyecto en los pueblos afectados.

En marco del conflicto surgieron las radios comunitarias de Amilcingo (Morelos) y Zacatepec (Puebla), cuyo objetivo es informar y difundir las acciones del fpdt-mpt a través de cápsulas sobre los derechos de los pueblos y la afectación que generará el proyecto, así como fortalecer la cohesión, la identidad y la vida comunitaria. Estas radios son fundamentales en la defensa del territorio pues permiten romper con el sesgo informativo de los medios oficiales.

Por último, entre las acciones políticas se han realizado marchas y mítines en los estados de Puebla y Morelos, así como acciones de desobediencia civil que incluyen plantones en las presidencias municipales, bloqueos intermitentes en autopistas y en las obras de la termoeléctrica, el gasoducto y el acueducto.

A pesar de haber surgido como un movimiento relativamente espontáneo, el fpdt-mpt logró detener la detener la venta-renta de las tierras para el megaproyecto, comunicando información real y verídica en las asambleas de los pueblos afectados. Al respecto, cabe señalar que los funcionarios de la cfe llegaban a cada comunidad alegando falsamente que el resto de las comunidades ya había aceptado el proyecto y haciendo hincapié en que sólo faltaba ese municipio para su aprobación. Este tipo de acciones dejaba a las personas en situación de desventaja, razón por la cual el intercambio de experiencias e información fue importante para detener el avance del proyecto.

En Huexca, donde se está construyendo la termoeléctrica, la cfe argumentaba que ésta sería “amigable” con el medio ambiente. Sin embargo, no mencionó la lluvia ácida, los óxidos de nitrógeno y ozono, las emanaciones de gas cloro, los químicos y la temperatura que tendría el agua de descarga, así como tampoco hizo referencia a la cercanía del volcán Popocatépetl y a las graves consecuencias que ello podría generar. Ante esta situación, quienes comenzaron a investigar y a informar a los pueblos sobre el contenido de estos estudios y sobre los impactos del proyecto no mencionados por la CFE, fueron tachados de agitadores profesionales, de violentos y mentirosos. Hoy, algunos de ellos han sido encarcelados de manera ilegal y se les han fabricado delitos que no cometieron.

Como si lo anterior no fuera suficiente, actualmente se sufre una estrategia de hostigamiento que apunta a la división de los pueblos. Como respuesta, se han fortalecido la estructura organizativa y los planes de trabajo en cada comunidad, respetando que la resistencia es diferente de acuerdo a la identidad y el carácter de cada pueblo y comité que lo representa. De forma simultánea, se ha vuelto necesario alimentar las estrategias locales y regionales, generando mayores alianzas, movilizaciones y estrategias de visibilización. A ello responde la conformación del Consejo de Pueblos del FPDTA-MPT como un espacio de decisión colectiva.

En suma, esta lucha ha incluido procesos sincrónicos, pues, por un lado, necesitó fortalecer la organización y las capacidades de los integrantes de los comités, así como su cohesión en el Frente; y, por otro lado, tuvo que emprender acciones de defensa para enfrentar al proyecto, sus actores y las estrategias de acoso, hostigamiento y represión policial.

Las estrategias alternativas de defensa contemporánea por medios civiles y pacíficos determinan que la visibilidad sea muy importante. Sin embargo, ésta también puede traer aparejado un gran inconveniente, pues se puede caer en el fraccionamiento de la problemática general, contribuyendo de esta manera a la individualización del conflicto. Así, en el caso de la lucha contra el pim, si bien muchos actores sociales brindaron su apoyo para visibilizar el problema de Huexca como comunidad en lucha, algunos se resistían a proyectarlo como un problema más amplio, oponiéndose sobre todo a la unidad entre los pueblos. La extensión de este proyecto implicó un reto para el proceso general en el sentido de reconocerlo como un problema integral. En tanto el proyecto consta de tres componentes (gasoducto, termoeléctrica y acueducto), muchas veces, ante las acciones emprendidas en los diferentes pueblos, la solidaridad y la difusión de los medios se ha centrado sólo en uno de los componentes del proyecto.

En paralelo, debe considerarse que las formas de la violencia ejercidas contra los pueblos que se oponen al pim por el Estado y la cfe son diversas. Por un lado, se recurre a la instalación de los “Consejos Ciudadanos Municipales”, instrumento empleado para dividir, enfrentar y romper las instituciones comunitarias de los pueblos, como son las asambleas y los comités que se oponen al proyecto. El método utilizado por la cfe y otras instituciones implica ubicar, acercarse y cooptar a grupos de la población con intereses afines, así como a los ayudantes municipales y comisariados ejidales, quienes facilitan la construcción del mapa de actores y dan cuenta de las necesidades de la comunidad. Posteriormente, el Consejo Ciudadano Municipal se conforma con personas de las comunidades que reciben beneficios en dinero, programas sociales y poder a cambio de legitimar las obras públicas y aceptar el proyecto. Estos consejos son integrados por ciudadanos, autoridades locales, municipales, estatales y representantes de la CFE.

El surgimiento de grupos de ciudadanos cooptados por las autoridades y las empresas modifica la correlación de fuerzas en el ámbito comunitario, ya que estos grupos adquieren una cuota de poder al tener el control sobre la distribución de estos beneficios entre gente del pueblo dispuesta a aceptar dicho ofrecimiento a cambio de dar su consentimiento para la realización del proyecto.

A través de estos grupos se opera la división, generando enfrentamientos entre los vecinos. Así, se rompen las relaciones comunitarias y las formas políticas y sociales colectivas representadas por las instituciones populares que regulan la vida comunitaria. Sin saberlo, estos grupos dan vida a una territorialidad impuesta desde una visión desarrollista impulsada por el Estado y los grandes capitales.

Cuando el Estado y las empresas no logran la aprobación del proyecto por parte de las comunidades a través de la intervención de los Consejos Ciudadanos Municipales, recurren al uso de la violencia ejercida por la policía y el poder judicial, así como también a la violencia mediática y simbólica. La violencia genera un ambiente hostil y de miedo en los pueblos. En este sentido, las formas de violencia que cada gobernador ha puesto en marcha en contra del movimiento son diferentes. En Morelos, Graco Ramírez reprime a pueblos enteros (Huexca, Jantetelco, colonia Gabriel Tepepa y Amilcingo) mediante la incursión de la policía; mientras que Moreno Valle en Puebla reprime selectivamente y por la vía penal (encarcelación de Enedina Rosas y Juan Carlos Flores). Estos gobernadores han descalificado al movimiento, criminalizando, hostigando y amenazando a sus integrantes. También el gobierno federal ha demandado a diez activistas, enviando a la Policía Federal –e incluso al Ejército– para imponer los proyectos y para resguardar a los trabajadores del gasoducto. Asimismo, las empresas presionan económica y políticamente para dar fin a la conflictividad social, siendo incluso las que demandan penalmente a los activistas y defensores de los derechos humanos (como es el caso de la empresa Bonatti).

Perspectivas y desafíos en las estrategias de defensa del territorio de los pueblos ante el pim

Como ya hemos mencionado, el PIM constituye un proyecto estratégico dentro de la reforma energética. Por su ubicación geográfica en el centro del país, permitirá el desarrollo de otros megaproyectos de infraestructura (un basurero que recibirá parte de los desechos de la Ciudad de México, una serie de proyectos de unidades habitacionales, la ampliación de las autopistas de Tepoztlán y Siglo xxi, además de la construcción de un parque industrial en la ciudad de Cuautla, Morelos, a pocos kilómetros de Huexca). Asimismo, será acompañado por proyectos mineros (seis concesiones para exploración minera en los municipios de Ayala y Jantetelco, Morelos) y por otros proyectos energéticos (otros dos gasoductos que partirán desde Huexca hacia Cuernavaca y Querétaro). De manera que, los megaproyectos no llegan solos, siempre vienen acompañados por otros proyectos que responden a un modelo extractivista, a partir del cual se establece una repartición instrumental y económica del territorio.

El conflicto generado por el pim responde a dos visiones opuestas y confrontadas en relación a la vida, al desarrollo y a las formas de territorialidad: una visión de desarrollo economicista y una visión de cuidado de la naturaleza y de continuidad de la vida campesina. En efecto, representa un conflicto de valores e intereses, en el que la contraposición de visiones no deja mucho espacio para una negociación. No se puede negociar cuando está en riesgo la vida de miles de personas, cuando se pone en jaque la agricultura, cuando está en juego la contaminación del entorno y la desaparición de la vida campesina, cuando la salud y el futuro de las siguientes generaciones son amenazados, cuando se vive la exclusión en la toma de decisiones sobre las formas de vida y el propio territorio.

Lo cierto es que la lucha del FPDTA-MPT ha logrado extender los tiempos que se habían programado para la construcción y el comienzo de las operaciones del pim por más de un año y medio. Ha conseguido construir alianzas con otros pueblos que luchan en defensa del territorio, con movimientos campesinos, colectivos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Dichas alianzas le han permitido visibilizar, denunciar y posicionar en la escena nacional el riesgo que el gobierno federal quiere imponer a 82 pueblos que serán afectados por este proyecto.

Así y todo, los activistas Enedina Rosas Vélez y Juan Carlos Flores Solís fueron encarcelados ilegalmente, convirtiéndose en presos políticos por acatar la decisión de su asamblea ejidal y por acompañar, informar y abonar a la organización regional del fpdta-mpt; en definitiva, por cuestionar y emprender acciones legales contra el pim. Son los primeros presos políticos de la reforma energética y forman parte de una larga lista de presos políticos que hay en el país, lista que seguramente irá en aumento como resultado de las diversas luchas en defensa del territorio que ya existen y que seguirán surgiendo a raíz de la aplicación de las reformas estructurales y sus proyectos de muerte.

Ante este panorama, es necesario reflexionar sobre las formas y prioridades de las fuerzas de articulación entre las diferentes luchas. En México hay distintos espacios de coordinación como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (mapder) contra las hidroeléctricas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (rema) y muchos otros referentes que utilizan herramientas de derechos humanos, contribuyendo a la visibilización de los proyectos de despojo y de la lucha de los pueblos. Sin embargo, es necesario considerar que la etapa que estamos viviendo a partir de la implementación de las reformas rural y energética, con la invasión de megaproyectos y sus consecuentes problemáticas, rebasará las ya probadas estrategias de lucha. De modo que, si queremos seguir con el camino civil y pacífico de defensa, y cambiar el modo de gobierno del país, debemos aglutinar las diferentes resistencias en dos niveles de participación: el campesino-indígena y el de alternativas urbanas de defensa, construyendo una red de pueblos que camine junto a una red de organismos civiles que coadyuven a definir el problema del mundo moderno, pero que en absoluto marquen el paso y la decisión que deben tomar las propias comunidades. En definitiva, se trata de construir un espacio como el que se ha intentado conformar, por ejemplo, con el Congreso Nacional Indígena promovido por el ezln, que necesariamente debe ser atravesado por el intercambio de esperanzas y estrategias de defensa conjunta del territorio, construidas a la altura de las circunstancias que enfrentamos.

Bibliografía

Bernal Moreno (2005), “La idea de Justicia”, en Revista del Posgrado en Derecho de la unam, Vol. 1, N° 1, México D.F.

Instituto de Investigaciones Jurídicas (1996), Diccionario Jurídico mexicano, México D.F., unam.

Martínez Alier, Joan y Jordi Roca Jusmet (2013), “La economía como sistema abierto”, en Economía ecológica y política ambiental, México D.F., Fondo de Cultura Económica.

Prada Alcoreza, Raúl (2012), Miseria de la geopolítica. Crítica a la geopolítica extractivista, Bolivia, Bolpress. Disponible en: http://www.rebelion.org/docs/157961.pdf

Semarnat (2008), “Informe de la situación del medio ambiente en México”, México D.F., Semarnat.

sener (2011), Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, México D.F., sener.

sener (2011), Programa de Obras de Infraestructura del Sistema Energético 2012-2026, México D.F., sener.

 

Direcciones electrónicas

omal – http://omal.info/

* Integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala (fpdta-mpt), activista y defensor de derechos humanos. Estudiante de la carrera de derecho. Preso político en el penal de Cholula, Puebla, desde el 7 de Abril del 2014. Correo electrónico: fsjuan@yahoo.com

** Integrante del FPDTA-MPT, activista y defensora de derechos humanos. Actualmente estudiante del posgrado en Desarrollo Rural, en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Correo electrónico: samantharraya@gmail.com

[1] Durante y después de la Revolución Mexicana el acceso de los campesinos a los espacios políticos y de toma de decisiones fue limitado. La mayor parte de estos espacios fue ocupada por las clases medias. Sin embargo, durante las batallas contra el dictador Porfirio Díaz y su ejército fueron las masas campesinas las que combatieron.

[2] En el México pre-revolucionario las haciendas o latifundios constituían una forma de propiedad de la tierra caracterizada por la concentración de grandes extensiones en pocas manos. En estas haciendas, se aglutinaba un porcentaje importante de mano de obra campesina, que sufría condiciones laborales similares a las de la esclavitud.

[3] Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio de 2011, en el que se eleva a rango constitucional los tratados internacionales firmados por México en materia de derechos humanos.

[4] Es una propuesta construida por la sociedad civil, en la que se retoman los lineamientos sobre la consulta a los pueblos planteados por el Convenio 169 de la oit. En la creación de esta propuesta de consulta participaron organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos junto con el pueblo yaqui. La misma respeta las formas culturales, sociales y políticas del pueblo yaqui para la aplicación de la consulta.

[5] Forma rápida de tomar decisiones, incluso por fuera de los mecanismos convencionales. [Nota de las editoras]

[6] Promulgada por el Poder Ejecutivo el 20 de diciembre de 2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación.

[7] Esta reforma es estratégica para el país, ya que un gran porcentaje del pib proviene de los hidrocarburos. Antes de la reforma, toda la renta obtenida de éstos era propiedad del Estado mexicano; con la implementación de la reforma se transfiere renta en beneficio de capitales privados.

[8] Se entienden por externalidades “los impactos negativos no recogidos por los precios del mercado” (Martínez Alier y Roca Jusmet, 2013: 37-50).

[9] Para mayor información en relación a este tema se puede revisar la página del Observatorio de multinacionales en América Latina (omal).

[10] El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental que examina las causas de violación de los derechos fundamentales de los pueblos, determinando si han sido efectivamente violados y denunciando, finalmente, ante la opinión pública internacional, a los autores de las violaciones. Sin embargo, no es de carácter vinculante.

[11] Para ver alguno de estos materiales y obtener mayor información sobre esta lucha se pueden consultar las páginas de Facebook “Libertad a Juan Carlos Flores” y “Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala”.